En una entrevista especial, el Superintendente de Precios Justos, Andrés Eloy Méndez, explicó que la existencia de un intercambio económico sano está íntimamente ligada a la implementación de un robusto sistema de control de precios basado en una contabilidad reguladora. Es por ello –continuó- que en la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos (SUNDDE) trabaja un equipo técnico de altísimo nivel -encabezado por la intendenta Karlín Granadillo- que se encarga de verificar tal contabilidad.
Al respecto, señaló que el precio no debe calcularse -como se ha hecho costumbre de acuerdo con estándares capitalistas- interpretando variables macroeconómicas a conveniencia, sino tomando en consideración los costos reales y el margen de ganancia establecido. Seguidamente, aclaró que el Gobierno Bolivariano no le exige a nadie que trabaje a pérdida, ni para producir, ni para distribuir, ni para comercializar.
Posteriormente, y en sintonía con el ideal chavista, Andrés Eloy Méndez afirmó que la clave de la nueva etapa de la SUNDDE es la incorporación del Poder Popular. En ese sentido, aseguró que el éxito de la revolución bolivariana sólo puede alcanzarse “si se logra empoderar al Poder Popular de la implementación efectiva de la Ley”, de esta manera, será el Poder Popular –y no un grupo de burócratas- quien nutra las agendas de trabajo cotidiano. En ese contexto expresó: “El pueblo sabe dónde está el especulador, el acaparador; el pueblo sabe quién es el contrabandista. ¡Sólo el pueblo salva al pueblo!”.
Del mismo modo, resaltó que con el objeto de que sea el Poder Popular organizado quien se encargue de levantar los procedimientos hasta que llegue el Fiscal a aplicar la sanción, es necesario lograr que cada consejo comunal, cada Unidad de Batalla Bolívar-Chávez (UBCH), cada comuna se convierta en un inspector popular de la SUNDDE.
En ese sentido, Méndez detalló que los 516 Círculos de Lucha -cada uno con su Fiscal al frente- se articularán con el Poder Popular vía dos Inspectores Populares por cada UBCH, los cuales deberán estar formalmente acreditados por la SUNDDE. Con ello se conformará un ejército de más de 27 mil personas capaces de verificar -mediante la inspección permanente- si se cumple o no con la norma.
Manifestó que el ideal es que las inspecciones dejen de ser meros operativos esporádicos. De hecho, el inspector popular vive en la comunidad en la que lleva a cabo la verificación, no se dirige a ésta o aquella zona motivado por tal o cual operativo.
Asimismo, comunicó que se les suministrará a los Círculos de Lucha un Registro Único de Guías que incluya la trazabilidad de los 24 rubros priorizados, los 16 artículos de higiene personal, el cemento y la cabilla, los medicamentos -que es donde el 90% del pueblo gasta su salario- para que el Poder Popular -consciente del el mapa de mercancías- pueda cuidar que se cumpla lo establecido por la Ley.
Méndez señaló además que -contrario a lo que opinan los miembros y simpatizantes de la oposición- la implementación del sistema biométrico juega un importante papel en la erradicación del “bachaqueo” –a saber el desvío de productos del camino regular mediante la compra recurrente y exorbitante-. En conexión con ello recordó que luego de la implementación del sistema biométrico en el estado Zulia, no sólo se han eliminado las colas; sino que también los inventarios pasaron de durar medio día en los anaqueles a durar de 6 a 7 días.
Con respecto a los comentarios de la oposición, aclaró que una cosa es afirmar que no haya tal o cual producto, y otra, muy distinta, que decir que éstos no están donde tienen que estar: “En el país hay productos, lo que pasa es que no están en donde tienen que estar, sino que han sido desviados del anaquel a la economía informal”. En ese orden de ideas, comentó que la oposición, antes que evaluar y presentar planes alternativos, simplemente se ha dado la tarea de satanizar –cuando no sabotear- todo aquello que no pueda ajustarse a sus intereses.
El Superintendente aseguró que el sistema biométrico está concebido no para constreñir al pueblo, sino, antes bien, para garantizar la satisfacción de sus necesidades. Subrayó que las familias venezolanas -en su cotidianidad- no practican el “bachaqueo”, sino que sólo los delincuentes lo hacen. Por ello, garantizó que más allá de los efectos positivos -cero cola y abastecimiento- y en contra de lo que se dice desde el ala de la oposición, las venezolanas y los venezolanos no percibirán la presencia del capta huella.
Finalizó diciendo que la Superintendencia –la cual es más que precios, pues engloba todos los derechos socioeconómicos- hará todo lo que tenga que hacer para proteger el salario del pueblo venezolano. En ese sentido, auguró que vendrán tiempos muy duros para quienes no se apeguen a la Ley; pues “cuando el Pueblo se apodera de una idea, la convierte en un hecho concreto, y el pueblo ha decidido ganar la guerra económica”.
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